DECRETO SUPREMO Nº 313
SEGURO DE ACCIDENTE ESCOLAR
DECRETO:
Artículo 1º.- Los estudiantes que tengan la calidad de alumnos
regulares de establecimientos fiscales o particulares, del nivel de
transición de la educación parvularia, de enseñanza básica, media,
normal, técnica, agrícola, comercial, industrial, de institutos
profesionales, de centros de formación técnica y universitaria,
dependientes del estado o reconocidos por éste, quedarán sujetos al
seguro escolar contemplado en el artículo 3º de la ley Nº 16.744 por
los accidentes que sufran durante sus estudios, o en la realización de
su práctica educacional o profesional, en las condiciones y con las
modalidades que se establecen en el presente decreto.
Se exceptúan los estudiantes a que se refiere la letra c) del artículo
2º de la Ley Nº 16.744, los que continuaron regidos por las
disposiciones del Decreto Nº 102, de 1969, dictado a través de la
Subsecretaria de Previsión Social del Ministerio del Trabajo y
Previsión Social, publicado en el Diario Oficial del 25 de Agosto de
1969.
Los accidentes que sufran los estudiantes que tengan al mismo
tiempo la calidad de trabajadores por cuenta ajena, se considerarán
como accidentes del trabajo, siendo de cargo del organismo
administrador al que se encuentre afiliado en esta última calidad las
prestaciones que contempla la Ley Nº 16.744, que serán
incompatibles con las que establece el presente decreto, sin perjuicio
del beneficio establecido en el artículo 9º. Lo dicho en este inciso no
se aplicará en el caso que la pensión que correspondiere en calidad
de trabajador fuere inferior a la que señala el presente decreto para
el estudiante.
Artículo 2º.- Gozarán de los beneficios del seguro escolar de
accidentes los estudiantes a que se refiere el artículo anterior, desde
el instante en que se matriculen en alguno de los establecimientos
mencionados en dicho precepto.
Los efectos del seguro se suspenderán durante los períodos en que
las personas indicadas no realicen sus estudios o su práctica
educacional o profesional, tales como las de vacaciones o los que
puedan producirse con posterioridad al egreso del establecimiento.
El seguro protege también a los estudiantes con régimen de
internado por los accidentes que les afecten durante todo el tiempo
que permanezcan dentro del establecimiento.
Los estudiantes quedan, asimismo, cubiertos por el seguro durante el
tiempo que deban pernoctar fuera de su residencia habitual, bajo la
responsabilidad de autoridades educacionales, con motivo de la
realización de su práctica educacional.
Artículo 3º.- Para los efectos de este decreto se entenderá por
accidente toda lesión que un estudiante sufra a causa o con ocasión
de sus estudios, o de la realización de su práctica profesional o
educacional, y que le produzca incapacidad o muerte.
Se considerarán también como accidentes del trabajo los ocurridos en
el trayecto directo, de ida o regreso, entre la habitación o sitio de
trabajo del estudiante y el establecimiento educacional respectivo, el
lugar donde realice su práctica educacional o profesional como
también los ocurridos en el trayecto directo entre estos últimos
lugares.
Exceptúando los accidentes debidos a fuerza mayor extraña que no
tenga relación alguna con los estudios o práctica educacional o
profesional y los producidos intencionalmente por la víctima. La
prueba de las excepciones corresponderá al organismo administrador.
Artículo 4º.- La administración de este seguro escolar estará a cargo
del Servicio de Seguro Social y del Servicio Nacional de Salud, siendo
de responsabilidad de éste el otorgamiento de las prestaciones
médicas y de aquél el otorgamiento de las prestaciones pecuniarias,
salvo lo dispuesto en el inciso final del artículo 1º.
Artículo 5º.- Los beneficios que contempla este seguro escolar serán
financiados con cargo al sistema general de la Ley número 16.744. El
Presidente de la República fijará anualmente en el decreto que
aprueba las estimaciones presupuestarias a que se refiere dicha ley y
sus reglamentos, el porcentaje de los ingresos totales estimados que
deberá destinarse a este seguro escolar, el que no podrá exceder del
2% sin considerar el aporte de las empresas con administración
delegada.
En la misma oportunidad, el Presidente de la República determinará
la proporción en que se distribuirán los recursos señalados en el
inciso anterior entre el Servicio de Seguro Social y el Servicio
Nacional de Salud.
Todos los organismos administradores del seguro social contra
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, exceptuando
solamente el Servicio Nacional de Salud, efectuarán directamente al
Servicio de Seguro Social y al Servicio Nacional de Salud, en la
proporción que correspondiere, los aportes que deban hacer en
conformidad al inciso 1º, calculándose el porcentaje fijado por el
Presidente de la República en función de los ingresos estimados para
cada uno de ellos. Los administradores delegados del seguro social
calcularán dicho porcentaje sobre las cotizaciones que les habría
correspondido enterar en conformidad con las letras a) y b), del
artículo 15 de la Ley N 16.744. El Servicio de Seguro Social retendrá,
del aporte que le corresponda efectuar para su seguro escolar, el
remanente que resultare luego de hacer su aporte al Servicio
Nacional de Salud.
Artículo 6º.- El Servicio de Seguro, Social y el Servicio Nacional de
Salud deberán llevar cuenta separada de los ingresos y de los gastos
correspondientes a este seguro escolar.
Si se produjeren excedentes, éstos se distribuirán de acuerdo con el
procedimiento general contemplado en la Ley Nº 16.744; si hubiere
déficit durante el ejercicio, éste se cubrirá con las reservas
contempladas en el decreto a que se refiere el inciso 1º del artículo
5º.
Artículo 7º.- El estudiante víctima de un accidente escolar tendrá
derecho a las siguientes prestaciones, que se otorgarán
gratuitamente hasta su curación completa o mientras subsistan los
síntomas de las secuelas causadas por el accidente:
a) Atención médica, quirúrgica y dental en establecimientos externos
o a domicilio;
b) Hospitalización si fuere necesario, a juicio del facultativo tratante;
c) Medicamentos y productos farmacéuticos;.
d) Prótesis y aparatos ortopédicos y su reparación;
e) Rehabilitación física y reeducación profesional, y
f) Los gastos de traslados y cualquier otro necesario para el
otorgamiento de estas prestaciones.
También tendrán derecho a estas prestaciones médicas los
estudiantes que se encuentren en la situación a que se refiere el
inciso 3º del artículo 3º de este decreto.
Artículo 8º.- El estudiante que como consecuencia de un accidente
escolar perdiere a lo menos un 70% de su capacidad para trabajar,
actual o futura, según evaluación que deberá hacer el Servicio
Nacional de Salud tendrá derecho a una pensión por invalidez igual a
un sueldo vital escala A) del departamento de Santiago, que se
reajustará de acuerdo con las variaciones que experimente ese
sueldo vital.
Si la pérdida de capacidad de trabajo es inferior al 70% e igual o
superior al 15%, el estudiante tendrá derecho a la pensión señalada
en el inciso anterior solamente cuando acredite mediante informe
social que carece de recursos iguales o superiores al monto de la
pensión, otorgándose este beneficio con carácter temporal hasta la
fecha en que finalice sus estudios o llegue a percibir recursos del
monto indicado. Para determinar la carencia de recursos, en los casos
en que el estudiante forme parte de un núcleo familiar, se dividirán
los ingresos del núcleo por el número de personas que lo compongan.
El estudiante accidentado estará obligado a someterse a los
tratamientos médicos que le fueren prescritos para obtener su
rehabilitación.
La fecha inicial de pago de estas pensiones será la correspondiente al
día en que se produjo la incapacidad, de acuerdo con el certificado
que otorgue al efecto el Servicio Nacional de Salud.
Artículo 9º.- Todo estudiante invalidado a consecuencias de un
accidente escolar, que experimentare una merma apreciable en su
capacidad de estudio, calificado por el Servicio Nacional de Salud
tendrá derecho a recibir educación gratuita de parte del Estado, el
que deberá proporcionarla en establecimientos comunes o especiales,
de acuerdo con la naturaleza de la invalidez y las condiciones
residuales de estudio de la víctima. Este derecho se ejercerá
ocurriendo directamente la víctima, o su representante, al Ministerio
de Educación, el que se hará responsable de dar cumplimiento a lo
dispuesto en este artículo.
Artículo 10.- La persona o institución que compruebe haberse hecho
cargo de los funerales de la víctima recibirá como cuota mortuoria,
con el fin de cubrir el valor de ellos, una suma equivalente a dos
sueldos vitales mensuales, escala a), del departamento de Santiago.
Artículo 11.- Todo accidente escolar deberá ser denunciado al
Servicio Nacional de Salud, o al respectivo organismo administrador
en el caso del inciso final del artículo 1º, en un formulario aprobado
por dicho Servicio.
Estará obligado a denunciar los accidentes de esta especie el Jefe del
establecimiento educacional respectivo, tan pronto como tenga
conocimiento de su ocurrencia. Igualmente, deberá hacer la denuncia
respectiva todo médico a quien corresponda conocer y tratar un
accidente escolar, en el mismo acto en que preste atención al
accidentado.
En caso de que el establecimiento no efectuare la denuncia
respectiva, dentro de las 24 horas siguientes al accidente, podrá
hacerla el propio accidentado o quien lo represente.
La denuncia también podrá ser hecha por cualquiera persona que
haya tenido conocimiento de los hechos.
En el caso de accidentes ocurridos a estudiantes que sean al mismo
tiempo trabajadores por cuenta ajena, los empleadores o patrones
estarán obligados a proporcionar dentro de tercero día, contado
desde la fecha en que reciban la notificación respectiva, los
antecedentes relativos a la afiliación e imposiciones que le sean
solicitados por el organismo administrador.
Artículo 12.- El Servicio Nacional de Salud determinará las causas
del accidente y su calidad de accidente escolar para lo cual acumulará
todos los antecedentes relacionados con el hecho.
Para dar por acreditado el accidente en el trayecto, servirá el parte de
Carabineros, la declaración de testigos presenciales o cualquier otro
medio de prueba igualmente fehaciente.
Los establecimientos educacionales estarán obligados a proporcionar
al Servicio Nacional de Salud todos los antecedentes que éste solicite
al efecto.
Artículo 13.- Las decisiones del Servicio Nacional de Salud recaídas
en cuestiones de hecho que se refieran a materias de orden médico,
deberán ser notificadas a la víctima o a su representante y al Servicio
de Seguro Social, dentro del quinto día de ser emitidas, mediante
carta certificada.
En contra de dichas resoluciones podrá reclamarse ante la Comisión
Médica de Reclamos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades
Profesionales, dentro de 90 días hábiles contados desde la fecha en
que conste la recepción de la carta certificada respectiva.
A su vez, las resoluciones de la Comisión serán reclamables ante la
Superintendencia de Seguridad Social, dentro de 30 días hábiles,
contados desde le recepción de la carta certificada que notifica la
resolución respectiva.
La Superintendencia resolverá con competencia exclusiva y sin
ulterior recurso.
Artículo 14.- A las prestaciones a que dé lugar el seguro escolar
deberán imputarse las de la misma especie que procedan de, acuerdo
con el régimen previsional general a que pueda estar afecto el
estudiante o en conformidad con leyes especiales que también
pueden favorecerlo, de modo que éste o sus derechos habientes
tendrán derecho al complemento cuando las prestaciones del sistema
general o especial fueren inferiores a las de este seguro escolar.
Las pensiones a que se refiere el artículo 8º serán, asimismo,
incompatibles con cualquier otro ingreso que perciba el beneficiario,
en la medida en que sumados a ellas, excedan del monto equivalente
a dos sueldos vitales, escala A), del departamento de Santiago.
Artículo 15.- La fiscalización de la aplicación de este seguro escolar
corresponderá a la Superintendencia de Seguridad Social y, respecto
de él, regirán las disposiciones contenidas en la Ley No 16.395, y su
reglamento.
Artículo 16.- En las materias específicas a que se refiere el presente
decreto se aplicarán, en lo que no estuviere expresamente
contemplado, las disposiciones generales contenidas en la Ley No
16.744 y en sus reglamentos.
El presente decreto entrará a regir a contar desde el día 1º del mes
siguiente a aquél en que fuere publicado en el Diario Oficial.
Tómese razón, comuníquese, publíquese e insértese en la Recopilación que
corresponda de la Contraloría General de la República.-
SALVADOR ALLENDE G.-
Presidente de la República
Luis Figueroa Mazuela.
Lo que transcribo a U. para su conocimiento.-
Saluda a U. Laureano León Morales, Subsecretario de Previsión Social
(www.bibliotecadelcongresonacional)
Capacitar periódicamente en relación al correcto manejo manual de carga.
